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Sobre terremotos y riesgos

Seis científicos ha sido encontrados culpables de homicidio, en la ciudad italiana de L’Aquila, por no haber evaluado correctamente el riesgo de un terremoto que causó más de 300 víctimas, el 7 de abril de 2009. Un experto ha colaborado con nosotros para entender lo sucedido.

El enjambre sísmico y el terremoto destructivo

Italia tiene, en su parte peninsular, una cadena montañosa, los Apeninos, que la recorre en toda su longitud y que es fuente de una frecuente actividad sísmica. Aunque los sismos no son de gran magnitud, son suficientemente intensos para provocar daños en los poblados ubicados en un radio de 20 a 30 km de su epicentro. Estos daños se concentran en las construcciones antiguas de muros de piedra y techo de madera. Cada diez o veinte años ocurre un sismo que daña algunos poblados a lo largo de los Apeninos.

La ciudad de L’Aquila está ubicada en la zona centro-sur de la península, a unos 80 km al sureste de Roma. Es la capital de la región de Los Abruzos y había sido gravemente dañada por terremotos en 1461 y 1703. Su centro histórico y sus grandes edificios civiles y religiosos habían sido, en su mayor parte, reconstruidos después del último evento sismo destructivo. Los edificios de vivienda del centro histórico habían sido remodelados en más de una ocasión, pero mantenían los materiales y estilos arquitectónicos originales, lo que daba a la ciudad el ambiente de poblado medieval. En las últimas décadas la ciudad se había expandido fuera de su trazo original, con edificios de tres o cuatro pisos construidos con materiales modernos, concreto y acero.

En octubre de 2008 comenzaron a sentirse pequeños tremores de tierra en la ciudad y sus alrededores. Aunque no causaban daños, su frecuente repetición fue inquietando a la población. Hacia marzo de 2009 los movimientos de tierra se hicieron más frecuentes y más intensos. Hay que aclarar que estas largas secuencias de movimientos sísmicos de baja magnitud, llamadas enjambres sísmicos, son bastante frecuentes en la zona de los Apeninos, y en la mayoría de los casos acaban por desaparecer sin que se presente algún evento destructivo. La Protección Civil italiana estuvo muy presente en la zona durante todo este período y se dedicó principalmente a preparar los planes para la atención de una posible emergencia y a tratar de tranquilizar la población, indicando que la posibilidad de un evento destructivo era bastante remota. Por otra parte, había personas que advertían que un evento mayor iba ocurrir en cuestión de pocos días.

El primer domingo de abril un sismo de magnitud bastante mayor que los anteriores causó gran alarma en la población, aunque no produjo daños. La Protección Civil solicitó la presencia de un grupo de científicos y de ingenieros que integraban la Comisión de Grandes Riesgos, encargada de evaluar situaciones de graves peligros de desastres naturales en todo el país. La comisión se reunió en L’Aquila por algunas horas, examinó los registros de los instrumentos que medían la actividad sísmica y concluyó que, aunque no podía descartarse la ocurrencia de un evento fuerte, no se detectaban síntomas de un peligro inminente. Las conclusiones fueron transmitidas a la población por los encargados de Protección Civil, quienes enfatizaron los aspectos tranquilizadores de las opiniones emitidas por la Comisión y recomendaron que todo mundo se fuera a dormir y siguiera haciendo su vida normal.

En la madrugada del día siguiente ocurrió un fuerte sismo, de magnitud 6.3 y con epicentro a pocos kilómetros de la ciudad. Cerca de 20,000 edificios resultaron gravemente dañados o se derrumbaron totalmente, causando 319 muertes y más de 1500 heridos. Unas 65,000 personas tuvieron que ser desalojadas de lo que quedaba de sus casas. El hecho causó gran conmoción en todo el país y un pánico generalizado de la población afectada. La gente no quería quedarse en sus casas, ni siquiera en las que no habían resultado dañadas. Se fue creando un ambiente de indignación. Los pobladores se sentían engañados por las autoridades, las que habían afirmado que no había peligro, cuando deberían de haber ordenado una evacuación general de la ciudad. Tomaron mucho crédito las afirmaciones de las personas que habían anunciado la inminencia de un evento destructivo, especialmente las de un técnico jubilado, que había trabajado en un observatorio geológico, y que había instalado cuatro detectores de gas radón, fabricados por él mismo, siguiendo los pasos de algunos grupos de investigadores que habían concluido que ciertas anomalías en las emisiones de estos gases son precursores de los terremotos. El día anterior al desastre este técnico había subido a su página de internet un mensaje de alarma de que un sismo destructivo iba a ocurrir dentro de pocos días. Por otra parte, algunos de los ancianos de la ciudad habían anunciado que el sismo de magnitud intermedia que se había presentado el día anterior al desastre, era una señal de que se avecinaba un fuerte terremoto, de acuerdo con los conocimientos transmitidos por los antepasados que habían experimentado eventos semejantes. Las autoridades habían desestimados estimado estas predicciones, que ya se habían hecho con anterioridad sin que hubiera ocurrido un evento mayor.

La reacción después del desastre y el proceso

Poco después del sismo destructivo, algunos ciudadanos afectados, actuando en grupos o de manera individual, presentaron demandas penales y civiles en contra de los responsables de la forma en que se manejó la emergencia. A raíz de esto, el Ministerio Público arrancó un juicio penal en contra de los seis integrantes de la Comisión de Grandes Riesgos y del funcionario de la Protección Civil que había participado en la reunión de la Comisión. Los siete fueron acusados de negligencia y de haber emitido una evaluación confusa e incompleta del riesgo al que estaba expuesta la población. El juez consideró que había elementos suficientes para presumir un delito de homicidio no intencional. El proceso comenzó en septiembre de 2011 y ayer se emitió el veredicto de primera instancia en el que se les ha declarado culpables. La sentencia ha sido a 6 años de cárcel y a no poder ejercer cargos públicos de por vida. Su abogado ha declarado que recurrirá la sentencia, lo cual puede alargar el proceso varios años más.

Se trata probablemente de la primera vez que se somete a juicio un grupo de especialistas por no haber detectado la inminencia de un evento natural y emitido la señal de alarma correspondiente. La comunidad científica reaccionó de manera inmediata y masiva. Una carta de apoyo que resaltaba que no existe un método confiable para predecir la ocurrencia de un terremoto en una fecha y lugar determinado, fue firmada por más de cinco mil especialistas de todo el mundo y enviada a las autoridades judiciales. Las principales academias científicas internacionales protestaron de manera decidida. En el medio científico italiano prevalecía la opinión de que las acusaciones contra los miembros de la comisión no procederían, y que estaban siendo sometidos a un largo y humillante proceso, con el que su reputación habrá quedado afectada seriamente, y que han tenido que cubrir costos legales muy onerosos.

La actividad sísmica de la zona y la vulnerabilidad de sus edificaciones

Antes de expresar algunas opiniones sobre las responsabilidades de los distintos actores de este suceso, conviene presentar alguna información que se considera importante para juzgar los hechos y las acciones.

  • Desde hace una veintena de años la zona alrededor de L’Aquila está clasificada como una de las de muy alto riesgo sísmico, para las cuales se han establecido normas de construcción muy estrictas, para que las nuevas edificaciones tengan los más altos niveles de seguridad antisísmica; además, las normas exigían que las construcciones existentes antes de la emisión de las normas debían de revisarse y, en caso necesario, reforzarse para que tuvieran la resistencia necesaria. Un programa de refuerzo de los edificios antiguos había sido aprobado por las autoridades de la región, pero su implementación había quedado pendiente en espera de la disponibilidad de los fondos necesarios.
  • Los daños y los derrumbes no fueron únicamente en los edificios antiguos. Hubo un buen número de edificios, construidos después de entrada en vigor de la nueva norma, que se derrumbaron o fueron fuertemente dañados. Las evaluaciones realizadas después de los sismos sobre los edificios dañados señalan que la mayoría de los edificios de construcción reciente no cumplían con los requisitos de la nueva norma y presentaban deficiencias notables de calidad. De los edificios construidos antes de esa norma, muchos habían sido modernizados para hacerlos más habitables, pero no se habían reforzado para que cumplieran con la norma; por el contrario, con frecuencia las modificaciones habían debilitado la estructura porque se habían abierto vanos en los muros originales.
  • Un estudio encargado por la Protección Civil unos diez años antes de este terremoto había identificado 550 edificaciones particularmente vulnerables, que eran las primeras candidatas a ser destruidas por un fuerte terremoto. No se tomaron precauciones especiales para reforzar, proteger o evacuar estas construcciones.
  • Considerando que ya dos veces la Protección Civil había ordenado evacuar parte de los inmuebles, para después tener que permitir nuevamente su ocupación, esta institución temía que una nueva alarma en falso dificultaría poner en marcha otras órdenes de evacuación, si se llegaran después a presentar evidencias más claras de un peligro inminente.
  • Un estudio de las características de diversos enjambres sísmicos que se habían presentado en tres otras localidades encontró que solo en 2% de los casos un sismo de magnitud intermedia había precedido un terremoto destructivo. El resto de los enjambres había ido desapareciendo con el tiempo, o se había presentado un sismo destructivo sin ser precedido de uno de magnitud intermedia.

De lo que se ha expuesto anterior parece que tanto la recomendación de la Comisión de Gtandes Riesgos y la consecuente decisión de las autoridades de no ordenar una evacuación general fueron las que procedían dadas las circunstancias.

El pronóstico de los sismos y la prevención de desastres sísmicos

La opinión casi unánime de los especialistas es que, hasta el momento, no existe un procedimiento confiable para pronosticar el tiempo y el lugar en que ocurrirá un terremoto, así como la magnitud de éste. Hay mucha investigación sobre diversas técnicas de predicción y es posible que algunos tipos de sismos puedan ser previstos en un futuro no muy lejano, sin embargo hasta el momento ninguna ha dado resultados consistentes; entre ellas la medición de anomalías en la emisión de gas radón.

Los sismólogos han enfocado sus esfuerzos en la estimación del las características de los sismos que pueden afectar una localidad dada. Con base en los catálogos de los sismos históricos y en las evidencias geológicas de los grandes movimientos ocurridos en tiempos prehistóricos, se puede determinar la probabilidad de que se presentes eventos que, por su magnitud y su distancia a cierta localidad, pueden afectar a las edificaciones. Se determina así el nivel de Amenaza Sísmica de la localidad y, de ello, el nivel de resistencia que deben tener las construcciones para no sufrir daños graves ante los eventos más severos que es previsible se puedan presentar. En todos los países expuestos a una actividad sísmica significativa se han elaborado mapas que zonifican el territorio en áreas de distinto nivel de amenaza sísmica, y las normas de construcción imponen requisitos cada vez más estrictos de seguridad contra los sismos, a medida que aumenta la amenaza sísmica asignada a la zona correspondiente.

De lo anterior se deriva que la protección de las personas y de sus bienes contra la amenaza de los sismos radica esencialmente en lograr que las edificaciones en que habitan y los otros sistemas físicos con los que interactúan tengan un alto grado de seguridad ante los sismos más severos que se pueden llegar a presentar. Este grado de seguridad depende de la calidad de las normas de construcción que rigen en la localidad y también, en gran medida, del rigor con que estas han sido aplicadas para las construcciones. Es común que en la inspección de edificaciones dañadas por sismos se encuentren graves errores y omisiones en los requisitos que dictan las normas y las buenas prácticas de construcción.

En algunos casos muy particulares es factible instalar un sistema de alarma para alertar a la población de la inminencia de un sismo intenso. Este no se basa en la predicción del sismo, sino en la detección del inicio del movimiento sísmico en sitios muy cercanos a su origen, o sea el epicentro, seguida por el inmediato análisis de la señal para estimar la magnitud del evento y, cuando la magnitud lo amerite, de la transmisión de una señal de alerta a otros sitios más lejanos. Un sistema de este tipo tendría poca utilidad en las localidades afectadas por el sismo de L’Aquila, ubicadas a pocas decenas de kilómetros del epicentro. En estos sitios la señal de alerta llegaría después del inicio de la parte intensa del sismo.

Sobre las responsabilidades de los distintos actores

 

  • Los que tienen una responsabilidad indudable en una parte importante de las consecuencias del terremoto fueron aquellos constructores y desarrolladores que violaron flagrantemente las normas y las buenas prácticas constructivas. al construir y poner en venta edificios inseguros para la población. También deben señalarse aquellos propietarios que al modernizar sus inmuebles no introdujeron medidas para darle a estos la seguridad sísmica requerida por las normas.
  • Las autoridades regionales y municipales son responsables de no haber dado la debida prioridad a la rehabilitación de las construcciones que ya habían sido calificadas como muy vulnerables y, sobre todo por no haber vigilado que, tanto las nuevas construcciones, como las existentes que se iban a remodelar, cumplieran con las normas de construcción antisísmica.
  • Las autoridades de Protección Civil pecaron de exceso en minimizar el riesgo a que estaba expuesta la ciudad, lo que indujo a que las autoridades locales y a la población misma no tomaran por sí mismas acciones de protección. Por otra parte, ante la persistencia del enjambre sísmico, debieron haber ordenado el desalojo y/o el apuntalamiento de los inmuebles previamente identificados como muy vulnerables.
  • Los miembros del Comité Científico, no pueden ser responsabilizados por no haber recomendado la evacuación; sin embargo debieron haber expresado su opinión emitiendo una nota muy formal, en la hicieran patente el riesgo y la vulnerabilidad de la ciudad, y debieron haber recomendando algunas medidas precautorias a las autoridades de Protección Civil, ya que sabían de la alta vulnerabilidad de las construcciones.
  • La población de la zona afectada puede ser culpada de no haber prestado., antes del inicio de la crisis, suficiente atención al riesgo que la ciudad y sus propias viviendas corrían por la posibilidad de un sismo severo. Esta falta de atención puede explicarse, en parte, por los más de 300 años que habían trascurrido desde el último sismo destructivo.

 

¿Qué se está haciendo después del desastre?

La respuesta de las distintas autoridades inmediatamente después del desastre, fue oportuna y eficaz, tanto para el rescate y atención médica de los que quedaron atrapados bajo los escombros, como para la evacuación y relocalización de los habitantes de la mayor parte de la ciudad, los que fueron evacuados; de hecho un buen número de los que habitaban en el centro histórico siguen en viviendas temporales.

La rehabilitación o reconstrucción de los edificios dañados se está realizando muy lentamente; de hecho se encuentra apenas en sus inicios. Se han establecido criterios generales muy adecuados de mitigación del riesgo, pero hay todavía decisiones básicas que tomar en aspectos urbanísticos y de salvaguarda del patrimonio cultural. Las acciones son lentas y costosas. Los fondos aprobados son bastante amplios, pero su ejercicio es muy tortuoso, en parte por los requisitos que se han puesto para otorgar los contratos, con el fin de evitar abusos y resultados de mala calidad. Se están presentando conflictos entre las autoridades centrales y las locales y con la población que se desespera por las incomodidades y por la afectación a la economía de la zona.

Especialistas de distintas profesiones y científicos de muchas disciplinas están participando intensamente en los estudios relacionados con el riesgo y con las obras de reconstrucción, pero mantienen muy poca comunicación con los medios y se cuidan de hacer públicas sus actividades y sus opiniones.

Un problema del que hasta ahora se está hablando muy poco es el de qué va a pasar con las muchas otras zonas que están en similares condiciones de riesgo. Existen miles de poblados en zonas de alto peligro sísmico y con construcciones muy vulnerables ante sismos, tanto las antiguas como las recientes. Estas están fuera de normas y sufrirían graves daños en un sismo severo. Por otra parte, no hay recursos para intervenirlas y la probabilidad de que ocurra un evento destructivo es muy baja. Tomando el caso de L’Aquila como representativo del resto de las localidades, se puede hacer una estimación burda pero adecuada para dar una idea de qué tan probable es un desastre.

En la zona de L’Aquila han ocurrido sismos destructivos en 1461, 1703 y 2009. El tiempo transcurrido entre un evento y el siguiente fue 232 años para los dos primeros (1703-1461) y de 306 años entre el segundo y tercero (2009-1706). El promedio de los dos intervalos es 274, o sea casi 300 años. De esto se derivan decisiones que tienen implicaciones éticas complejas e inquietantes. ¿Están los habitantes de los poblados en riesgo dispuestos a cargar con los gastos y las molestias que implica una rehabilitación a gran escala de su centro urbano o rural? Yo diría que probablemente sí, en caso de que la mayor parte de los gastos fuera cubierta por el resto del país. Pero, que pasaría si se le hace la misma pregunta a los habitantes de las zonas no involucradas en el riesgo en cuestión. Supongamos que se les informe, por ejemplo, que el costo sería equivalente al de la rehabilitación que se está realizando en la zona de L’Aquila, pero multiplicado por diez, suponiendo que la población en riesgo es de diez veces la afectada en el caso que estamos tratando; para completar el cuadro de la pregunta podría decirse que el gasto se distribuiría en los próximos veinte años. Dudo que en este caso se reciba una respuesta afirmativa.

Comentario final

El enjuiciamiento y la sucesiva condena de los miembros de la Comisión de Grandes Riesgos constituyó una gran injusticia que causará un cambio drástico en el compromiso de los científicos para apoyar a las autoridades en casos de riesgo. Las autoridades gustan de citar que las decisiones que toman están respaldadas por científicos de renombre, y muchos de estos han estado muy dispuestos a hacerlo, en parte para recibir crédito por el resultado positivo de ciertas acciones. De ahora en adelante actuarán con mucho mayor cautela.

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Daniela

Daniela

Born and raised in Mexico City, Daniela has finally decided to abdicate her post as an armchair skeptic and start doing some skeptical activism. She is currently living in Spain after having lived in the US, Brazil and Italy. You can also find her blogging in Spanish at esceptica.org.

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